x Langresta
Por "aborto" se entiende la interrupción del embarazo, ya sea de forma accidental (aborto espontáneo) o voluntaria, lo que se conoce como "aborto inducido". Este último es, actualmente, motivo de gran polémica en Cantabria (y en todo el estado español), ya que en un tipo de sociedad como la actual es necesario enfrentarse a distintas convicciones prejuiciosas de carácter religioso o moral, que están fuertemente arraigadas entre el Pueblo.
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Sí nos centramos en el Estado Español, su legislación permite la práctica del aborto desde el año 1985 únicamente en tres casos aislados:
1º caso: Se practica la interrupción para evitar cualquier daño físico o psíquico en la vida de la mujer embarazada. Dicho daño debe constar en un dictamen realizado previamente por un especialista distinto al que vaya a realizarla el aborto.
Asimismo, en este primer caso se detalla que si se tratara de un caso urgente no sería necesario dicho dictamen.
2º caso: Se podrá llevar a cabo el aborto si el embarazo ha sido producido por un hecho constitutivo de violación. Tal como menciona el artículo 429 del antiguo Código Penal, se impone el requisito de que este hecho haya sido denunciado previamente y la mujer no supere las doce semanas de gestación.
3º caso: Que exista riesgo seguro de que el feto naciera con graves taras físicas o psíquicas. En este último caso también existen requisitos para proceder al aborto: En primer lugar, que la mujer esté dentro de las veintidós semanas de gestación. En segundo lugar, se exige que un dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas del centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.
Sí analizamos dicha "Ley estatal de Despenalización del Aborto" podemos comprobar que no otorga derecho alguno a decidir, sino que únicamente en tres casos concretos y muy vigilados podremos llevar a cabo un aborto seguro.
Además, podemos encontrar distintos artículos del Código Penal del Estado Español que desarrollan las sanciones impuestas a las personas que practican el aborto fuera de los tres casos ya comentados.
La represión en el Estado Español a aquellas mujeres que han decidido llevar a cabo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo es una realidad. Uno de los primeros casos en ‘democracia española’, y más conocido, sucedió el año 1976 en Basauri (Euskal Herria) donde once mujeres fueron detenidas, acusadas de haber abortado, y a las que se les exigían peticiones de cárcel muy altas. Otro de los casos conocidos y posteriores a la ley de 1985 fue el "Caso Morín" en Barcelona, donde las Clínicas Privadas Morín fueron juzgadas por practicar abortos "ilegales". Este caso resulta importante porque la sentencia imponía que se desvelase la identidad de todas las mujeres que habían decidido practicar el aborto en dichas clínicas.
Esta represión fue una de las razones principales por las que el Movimiento feminista comenzará a reivindicar un "Aborto libre, gratuito y seguro" desde mediados de los años setenta: desde organizaciones en cada pueblo para hacer eco de la necesidad de un derecho hasta la creación de la Coordinadora estatal de organizaciones feministas con el fin de unir fuerzas para alcanzar a la legalidad del aborto. Veintitrés años después continuamos luchando por gozar de la oportunidad de decidir sobre nosotras mismas.
En Cantabria, menos del 12% de los abortos anuales se realizan en la salud pública. Por tanto, casi el 90% de las mujeres cántabras tratadas deben acudir a clínicas privadas, en las que es necesario pagar unos 400 € (que ascienden cuanto más avanzado esté el proceso de gestación). Además, Cantabria es el segundo Pueblo del Estado donde menos abortos se realizan (al lado de lugares como Madrid o Barcelona, con el triple de casos), y la oferta de clínicas a las que acudir es muy reducida, por lo que en muchas ocasiones es necesario trasladarse a otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Una vez más vemos cómo lo que se nos vende como un "derecho" es un lujo de difícil acceso y del que tan solo pueden hacer uso las clases acomodadas.
Hasta finales de 2008 el debate sobre el aborto había sido silenciado por el Gobierno y las Instituciones del Estado, pero debido a la nueva propuesta del Ministerio de "Igualdad" se ha vuelto a reabrir. Ésta se concentra en una Ley del aborto de plazos, donde dependiendo del periodo de gestación en que se encuentre la mujer podrá practicarse o no el aborto. Los detalles de dicha propuesta son mínimos, pero la pretensión aún así de reabrir la polémica entre los partidos políticos se ha cumplido. El objetivo del gobierno del estado español de dar una "imagen de carácter social" con esta supuesta nueva ley (que se pondrá en vigencia para el año 2010) no es más que otra de sus estrategias de hipocresía para intentar convencernos de que nos encontramos ante una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, cuando ni siquiera está aprobada aún en el Parlamento español.
Pese a todas las trabas ya existentes, el sector conservador/reaccionario de la sociedad (fundamentalmente la iglesia y los partidos políticos derechistas y/o fascistoides), pretenden criminalizar aún más el proceso abortivo, tratando que se vea como un asesinato deliberado y buscando la total eliminación del derecho a interrumpir un embarazo. La mayor parte de quienes se dicen antiabortistas se basan en la idea de que el feto es un ser humano vivo, y por tanto, el aborto un asesinato, aunque enfocan esa idea central desde ópticas diferentes.
En primer lugar, la iglesia se basa en que tan solo Dios tiene derecho a dar o quitar la vida (la misma razón por la que se posicionan en contra de la eutanasia o los métodos anticonceptivos). Su último paso, conocido a estas alturas por todxs, ha sido una fortísima, y demagógica, campaña visual con numerosos carteles publicitarios de gran tamaño, en los que se afirma que un lince está más protegido que un "bebé", y que ha sido difundida a traves de todos los medios del Estado.
En segundo lugar, partidos políticos como Falange Española o el Partido Popular acostumbran a apoyarse en las que, dicen, son pruebas "científicas" (un embrión es ya un ser humano y, por tanto, tiene como derecho fundamental el de la vida), y en "principios morales", como afirmó recientemente el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en lo que fue otra de sus habituales y vergonzosas declaraciones. Además, dentro de la sociedad patriarcal en que vivimos, gran parte de la población se manifiesta en contra del aborto libre por considerar a la mujer un ser inferior sin capacidad intelectual o crítica para decidir correcta y conscientemente sobre un tema tan delicado.
Al estudiar estos argumentos reaccionarios, llegamos a la conclusión de que no se sostienen, ya que se apoyan en teorías científicas falsas o en simples creencias religiosas (que no deben influir nunca en la política de un estado), además de manifestar una continua actitud hipócrita al respecto. ¿Acaso el lujoso tren de vida de la Iglesia no acaba con muchas más vidas de las que "pretende salvar"? ¿Qué sucede con todas las personas que no quieren asesinar a un embrión pero se muestran a favor de la pena de muerte? Ni siquiera es cierta la consideración del feto como ser humano consciente, ya que hasta el tercer mes de embarazo no tiene los órganos formados, y es a partir del cuarto cuando comienza a tener cierto contacto con el mundo exterior. Por último, es erróneo pensar que, si se despenalizase verdaderamente el aborto, las mujeres dejarían de preocuparse por sus relaciones sexuales o acudirían en masa a abortar: la interrupción del embarazo, ya sea involuntaria o no, jamás es una decisión fácil de tomar, y siempre precisa de una profunda reflexión, por lo que casi nadie lo elegiría como su primera opción.
Partiendo de estas observaciones, y de la consideración de la mujer como persona con derecho a elegir sobre su cuerpo y su vida, abogamos por un aborto verdaderamente libre, con garatías, y gratuito, al alcance de toda mujer que lo necesite, sin ningún tipo de criminalización. Además creemos básico y necesario que se generen planes de formación e información para una educación sexual completa, libre, y sin tapujos. Esta información/educación es estrictamente necesaria para desarrollar una posterior vida sexual consciente y responsable, que eliminará muchos riesgos, y garantizará el conocimiento del derecho para que así cualquier mujer se pueda acoger a él cuando así lo crea necesario.
Cantabria, mayo del 2009.
Asamblea feminista Langresta
http://langresta.blogspot.com
