Desde la Asamblea Abierta por la Educación Pública de la Universidad de Valladolid queremos mostrar nuestra solidaridad con la lucha de los estudiantes valencianos y condenar a su vez la represión policial con la que se intentó acallar las protestas.Los hechos acontecidos el pasado 20 de febrero dejaron en evidencia, una vez más, la respuesta del gobierno ante las demandas de la sociedad. La violencia empleada por las fuerzas de seguridad del estado fue vergonzosa e intolerable, agrediendo por igual a niños, jóvenes y gente mayor, que se limitaban a defender su derecho a una educación de calidad, lucha que compartimos nosotros desde el ámbito universitario.
La atención mediática se ha centrado en Valencia por la implicación de menores de edad en los actos violentos, un hecho deplorable, pero no debemos olvidar que en estos últimos años han sido muchas las protestas silenciadas a base de golpes. Desde la Asamblea queremos remarcar que el problema de fondo no es solo la violencia ejercida contra los menores, sino que las fuerzas de seguridad del Estado arremetan contra los ciudadanos que luchan legítimamente por defender sus derechos, en una situación de claro desequilibrio.
Valencia no es un hecho puntual, sino una situación cada vez más común. El objetivo no son solo los estudiantes, sino que cualquier colectivo que salga a la calle a reclamar será víctima de la represión tal y como ocurrió este verano en el parlamento catalán o en las plazas de todo el Estado. El jefe superior de la Policía del País Valenciano, Antonio Moreno, dio en el clavo a calificar a la ciudadanía que protestaba como “enemigo”. Así es cómo se nos percibe desde las altas esferas, como un peligro para la estabilidad de un sistema que está condenado a la ruina.
Aprobar las políticas neoliberales impuestas desde la Unión Europea no sale gratis. Los mercados tienen a su servicio a los estados, que saben que cualquier modificación en contra de la clase trabajadora hará que esta salga a la calle. Rajoy ya le confesó a su homólogo finlandés que la reforma laboral le costaría “una huelga general”. Y, aunque esta aún no se ha producido, es lógico que la sociedad se intente defender a base de movilizaciones. Los mandatarios, siendo conscientes de ello, no van a quedarse de brazos cruzados. Ya el gobierno del PSOE adjudicó una partida de más de un millón de euros a material de antidisturbios, adquirido por el gobierno de Partido Popular el pasado mes de diciembre.
Hay que dejar claro que su violencia no es algo que viene dado con las protestas, sino que es el modo que tiene el Estado de eliminar cualquier resquicio de malestar. Se deslegitiman los actos reivindicativos, calificando a sus integrantes de violentos, antisistema o radicales y, por otra parte, se justifica la represión institucional en nombre del orden y la paz social.A pesar de que nos sumamos a la exigencia hecha por los padres y estudiantes valencianos de que sean retirados/cesados los cargos implicados en esa represión, como estudiantes comprometidos con la defensa de lo público y siendo conscientes de los recortes abusivos que se están aplicando al ámbito educativo, no podemos pensar que la responsabilidad de un despliegue policial de decenas de furgones que toma el centro de una ciudad y que contempla cargas policiales, incluida la entrada de antidisturbios en institutos públicos para detener a menores, responde a un cargo destacado de la Policía o del Gobierno, sino que hemos de colocar la responsabilidad del Estado y cuestionar los supuestos derechos constitucionales de manifestación y libre expresión que no son garantizados por los poderes públicos.
Consideramos que el único camino legítimo de la sociedad es seguir luchando por todos nuestros derechos; laborales, de sanidad, de educación...
Desde la Asamblea Abierta de la UVA seguiremos trabajando por conseguir avanzar hacia una educación pública, gratuita y de calidad cada miércoles a las 14:00 en el hall de Filosofía y Letras.
